Los cuestionamientos presentes en el Ejecutivo también recaen hoy sobre la vicepresidenta, Dina Boluarte, por presunta infracción de la Constitución cuando ejercía como ministra de Inclusión Social. Por tal motivo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República evaluará, esta semana, la acusación constitucional en su contra. A continuación, Diario El Gobierno presenta un panorama sobre la situación que afronta la titular del Midis.
La polémica que rodea a Dina Boluarte
Desde el informe presentado por la Contraloría General de la República, que advertía la presunta infracción del art. 126 de la Constitución incurrida por Dina Boluarte a razón de haber firmado documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac en el actual gobierno, su estadía como ministra no ha dejado de peligrar. Tal es el escenario que ya se presentó una moción de interpelación y una denuncia constitucional desde el Congreso.
Al respecto, Boluarte explicó que, antes de asumir funciones públicas, en referencia a su cargo de vicepresidenta y ministra, solicitó licencia en las asociaciones civiles sin fines de lucro en las que participa. De esta manera, rechazó las acusaciones en su contra.
Pese a tal declaración, el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó declarar procedente la denuncia constitucional presentada por congresistas de Avanza País. Así, la aprobación del informe de calificación deberá ser discutido en la agenda reprogramada para el martes 14 de junio.
¿Cuáles serían las consecuencias para Boluarte?
El futuro para la vicepresidenta es incierto. No obstante, la acusación constitucional que afronta implicaría las consecuencias de un antejuicio político regulado en el art. 100 de la Carta Magna. En base a esta normativa, cabe la posibilidad de una suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional a Dina Boluarte.
En el supuesto de la inhabilitación del ejercicio de la función pública, esta sería interpuesta por un plazo de diez años. Por otro lado, una eventual destitución le supondría perder su cargo como titular del Midis, mas no como vicepresidenta del Perú. En las etapas de este proceso, se respeta la defensa propia con la participación de un abogado, mediante asistencia o representación de él.
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Más lejos de la popularidad
En el estudio del mes de mayo presentado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), se observa el poco respaldo (2%) que tiene Dina Boluarte para asumir el cargo de presidenta del Perú. Por ello, su situación actual, caracterizada por acusaciones e investigaciones que la dejan en una posición de incertidumbre, podría tener efectos negativos respecto de su aprobación en la ciudadanía. En específico, una menor cantidad de popularidad sobre su persona afectaría una eventual ascendencia de su parte a la presidencia de la República.
