Lee la tercera parte: El acoso a la libertad de enseñanza: consecuencia de la polarización
Los colegios privados han implementado razonables prácticas – sistema de becas o reducción en el monto de la pensión – conforme a las cuales los padres de familia que por motivos económicos estructurales o coyunturales no puedan pagar el monto pactado, se vean obligados a suspender los estudios de sus hijos. Más aun, la ley N° 23585 del 28/02/1983, dictamina que los colegios y universidades privadas están obligadas a otorgar becas completas ante el fallecimiento del padre o del tutor. Si las escuelas ofrecen estas alternativas ¿cómo se debe interpretar la morosidad? ¿cómo un estilo de vida? o ¿será que responde a una efectiva insolvencia pecuniaria? Usualmente, la puntualidad es mayor que la morosidad. La honra y el cumplimiento de las obligaciones es mayor que la deslealtad y el incumplimiento. Efectivamente, una ley que alienta la morosidad perjudica directamente a las escuelas.
Es oportuno, desmontar la teoría que aduce en favor de la morosidad, el derecho a la educación. Esa prerrogativa no está en tela de juicio ni se pretende vulnerar. El derecho a la educación en los niños y jóvenes supone el deber de ejercitarlo. Sin embargo, ese deber – irrenunciable – por naturaleza y por ley es competencia de sus padres. Las escuelas se constituyen en ayudas calificadas. Aquellos son quienes tienen que velar para que sus hijos inicien y culminen sus estudios escolares. Por tanto, despojémonos de eufemismos y de frases políticamente correctas, para que con recta intención, razonables normativas y mucho respeto al sentido común, quienes prestan el servicio y quienes tienen deber que sus hijos gocen su derecho a educarse, encuentren soluciones no precarias sino duraderas.
En segundo lugar, termina subyugando a la escuela a intereses particulares. Si el usuario de un servicio educativo advirtiera que un superior – en este caso el Estado – lo exonera de la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, no solamente se sentiría confirmado sino alentado para incursionar en otras regiones de la escuela para acomodarlas a su privativo provecho. Si hoy día es el dilatar los desembolsos, mañana puede ser la modificación de una nota o la remoción a un docente…etc.
La suma de las dos anteriores da como resultado la quiebra, la fractura de un centro educativo. Al no contar con la majestad de la unidad, con la autonomía institucional y con los recursos económicos, se le condena contravenir con la naturaleza, propósito u esencia que anima su existencia. El populismo conmina a las instituciones a transitar por la medianía.
La escuela privada tiene el gran desafío de luchar por preservar su prestancia, unidad y autonomía institucional. Las amenazas descritas la afectan, pero no al extremo de que desista o se desvié de su naturaleza o finalidad. Su presencia y vigencia garantizan la variedad y pluralidad de propuestas educativas, para que el padre de familia opte por la que más se acompase con su visión educativa familiar. A la escuela le compete la promoción de la cultura occidental-cristiana, ofrecer un visión realista, viable y esperanzadora del país, para que sus hijos se comprometen a hacerlo crecer, sin descuidar los valores de la peruanidad, de la solidaridad, de la justicia y de la paz.
La educación privada sigue en aumento y, no precisamente por estimulo del Estado. Este fenómeno tiene que evaluarse con sinceridad y sencillez. Por lo pronto, es motivo para que el Ministerio de Educación (MINEDU) en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, ponga las barbas en remojo.
