Ante la inminente llegada del COVID-19, el gobierno desarrolló medidas para contrarrestar los posibles riesgos que este generaría. No obstante, ante la coyuntura y la dificultad para combatir el virus, se tuvo que imponer restricciones durante largos periodos de tiempo, con el fin de salvaguardar la salud de la población. Como consecuencia no deseada de los actos de prevención, se pronosticó una fuerte contracción económica, la cual afecta principalmente a los sectores más vulnerables y agrava la pobreza y desigualdad.
A pesar de la constante búsqueda de la disminución de la desigualdad en el Perú, este es un problema persistente en diferentes ámbitos: social, laboral, educativo, etc. Ante el contexto actual, esta se acentúa en distintos escenarios, por ejemplo, existe un grupo de personas que no tienen como posibilidad acceder al trabajo a distancia, por diversas razones, principalmente por la naturaleza de la actividad económica que desarrollan. No es difícil observar a personas que, a pesar de las restricciones, se ven obligadas a salir a las calles y continuar con su labor para poder generar las ganancias necesarias que dependen de su trabajo diario.
Principalmente, se debe tener en cuenta que no se ha observado un panorama económico favorable para muchos sectores. La actividad económica del país se redujo en 40.49% en abril, siendo la peor cifra registrada históricamente, que se vió impulsada por una paralización parcial del sector minero al inicio de la cuarentena, este rubro disminuyó 42.29% por la reducción de producción de diferentes metales. Otros sectores también se han visto altamente afectados, como la manufactura que disminuyó un 54.91%, la construcción 89.72% y la pesca un 57.82%.
Una de las principales causas de la desigualdad es el aspecto económico. Este se ve agravado por las condiciones de pobreza de un gran número de ciudadanos, evidenciándose en el alza de la cifra de pobreza nacional. El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que esta aumentaría a 27.4% en el 2020, como consecuencia directa de la caída del PBI, estimada en -12%. Esto implica que 2.4 millones de ciudadanos entrarían en la pobreza, sumando en total 8.8 millones de ciudadanos.
El gobierno buscó beneficiar a las personas de bajos recursos y a aquellas que se verían afectadas por las medidas, otorgando bonos por sumas específicas de dinero con el fin de que puedan cubrir los gastos básicos. No obstante, solo el 38% de adultos poseen una cuenta bancaria. Por este escaso acceso al sistema financiero y por una errónea gestión, se evidenció que no todos recibían la ayuda, de esta forma, se registró que aproximadamente 214 mil hogares en situación de pobreza no recibieron los bonos otorgados por el gobierno. Mientras que, 69 mil familias fueron beneficiadas a pesar de no cumplir los requisitos necesarios para poder recibir el bono.
El desarrollo de la persona es indispensable y necesario, el problema de la desigualdad se reduce cuando los ciudadanos son capaces de acceder al mercado laboral con condiciones que les permitan ser competitivos. En Perú, más del 72% de trabajadores pertenecen al sector informal, lo cual implica que no pueden acceder a los beneficios otorgados al trabajador en el sector formal, por lo que en muchos casos dependen de los ingresos que reciben por el trabajo realizado durante el día.
Así, en el sector informal se encuentra la población más golpeada, y explica en gran parte el aumento del índice de desempleo al 13.1% en junio, en comparación al 6.1% registrado al finalizar el año 2019. Como consecuencia, se ha observado que solo en Lima, se han perdido más 2.3 millones de empleos, disminuyendo la población ocupada en 47.5%.
Igualmente, se especificó que los jóvenes peruanos, entre 14 y 25 años, han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia, 30% habría perdido su empleo, de los cuales un 43% solo cuentan con educación primaria y un 40% con educación secundaria. Ante el panorama, 350 mil jóvenes en universidades y 250 mil en institutos tecnológicos no podrán continuar sus estudios.
Uno de los principales problemas al que se enfrenta el país en la lucha contra la pandemia son las profundas desigualdades que la estructura de la informalidad ocasiona, y ha sido un impedimento en la disminución del total de contagiados. Principalmente, porque muchos se han visto obligados a no cumplir las restricciones y porque no todos los ciudadanos cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar la enfermedad, ni con el debido acceso al sistema de salud. El COVID-19 muestra así las grandes debilidades del Perú, que incluyen estas severas desigualdades contra las cuales se debe luchar, de manera objetiva y planificado, para así poder obtener mejores resultados.
