Entre los últimos proyectos de ley presentados resalta el propuesto por la congresista Karol Paredes por tratarse de una reforma constitucional. En concreto, la materia es un giro en la elección del contralor de la República, responsabilidad que podría dejar de estar en manos del Ejecutivo para convertirse en la nueva facultad del Legislativo.
El cambio
La propuesta legislativa de Acción Popular busca modificar los artículos 82 y 101 de la Constitución Política del Perú para que, de forma única, la Comisión Permanente esté a cargo de la elección del contralor. Así, el texto normativo quedaría redactado de la siguiente manera:
Actualmente la carta magna estipula que la designación del contralor sea por «propuesta del poder Ejecutivo». Sin embargo, la iniciativa de ley pone en juego la vigencia de la actual normativa que dota de especial participación al gobierno en un relevante organismo constitucional como lo es la Contraloría General de la República.
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Ejecutivo limitado
El proyecto de ley N.°1091/2021 señala que es contraproducente que el Ejecutivo designe al titular de la entidad encargada de supervisar el manejo de recursos estatales del propio gobierno. Por el contrario, el contralor debería ser «absolutamente ajeno al poder Ejecutivo a fin de garantizar su independencia, imparcialidad y transparencia en el cargo».
Se precisa también que el Congreso debe encargarse del responsable de vigilar la gestión fiscal por ser el poder con una función afín de fiscalización al aprobar la ley del presupuesto.
«Resulta necesario que la elección del representante de la Contraloría se haga respetando la democracia con el voto de 2/3 de los miembros del Congreso. […] Se requiere muestras de transparencia del Ejecutivo despojándose de proponer a la persona encargada del control a su propia gestión», se observa en el documento.
¿Se afectaría el principio de poderes?
El análisis costo-beneficio de la propuesta legislativa indica que la competencia absoluta del Congreso para designar al contralor permite el equilibrio de poderes, pero ¿es verdadera tal afirmación?
En primer lugar, se debe considerar que la labor de la Contraloría incluye la fiscalización del presupuesto o uso de recursos empleado por el Congreso. Este dato resulta importante, pues convertiría al Legislativo en «juez y parte».
En segundo lugar, el actual gobierno ha demostrado ser incapaz de nombrar altos funcionarios con la característica de idoneidad para sus respectivos cargos. Esta realidad pone en duda la próxima designación del contralor de la República que estaría a cargo de Pedro Castillo.
En tercer lugar, la eventual promulgación del proyecto de ley significaría un peso más para el Legislativo, poder del Estado que no cuenta con aprobación mayoritaria de la población según estadísticas nacionales. Finalmente, cualquiera sea el destino de la iniciativa presentada, solo se espera un contralor transparente con las competencias necesarias dispuesto a cumplir con su función.
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