El presidente de la República, Pedro Castillo, está sometido bajo distintas investigaciones por el Ministerio Público. Recientemente, Castillo ha realizado solicitudes a la fiscal de la Nación, entre las cuales se encuentra el levantamiento del secreto bancario y telefónico como la entrega del pliegue de preguntas.
Solicitudes al Ministerio Público
Como se indica en la carpeta fiscal N.° 222-2021, el presidente, a través de su abogado Eduardo Pachas, realiza solicitudes a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos. En este sentido, se indica en el petitorio la solicitud que se envíe oportunamente el pliego de preguntas que se realizarán en la debida diligencia.
De igual manera, otra de sus solicitudes es que se levante el secreto bancario, tributario y telefónico del presidente Castillo. Según el escrito, esta intención se debe a transparentar el proceso para que se recopile toda la información.
LEE TAMBIÉN: Diversos funcionarios públicos no están vacunados contra el covid-19
Castillo niega autorización a que se realicen diligencias
Las solicitudes mencionadas se realizan posteriormente a la negativa del presidente a que la fiscalía realice diligencias en el Palacio de Gobierno. De acuerdo al acta fiscal N.° 04 y conforme hizo público el secretario general, Pedro Castillo no autorizó el ingreso de la fiscalía a las 14:45 horas.
No obstante lo indicado, recientemente la Presidencia del Perú emitió un comunicado al respecto vía Twitter. En este se indica que el presidente de la República en ningún momento tuvo una actitud obstruccionista. Señalan lo contrario: dispuso que se otorguen las facilidades para que los fiscales realicen la labor correspondiente.
LEE TAMBIÉN: Gallardo: Congreso debate mañana la censura contra ministro de Educación
¿Podría imputarse otro delito a Castillo?
De acuerdo a algunos abogados penalistas, como Pedro Angulo, el presidente Castillo habría incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 409-A del Código Penal, el cual indica lo siguiente:
«El que mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.»
Según el mencionado abogado, esto se debe a que el acta fiscal es claro en indicar quién es el responsable del impedimento de la investigación. «Se tendría que investigar cómo se ingresó la vez pasada al despacho del señor (Bruno) Pacheco y quién dio permiso o si se requirió el permiso del presidente», señala Angulo con respecto al suceso.
