Daniel Ortega volvió a triunfar en las urnas ayer domingo 7 de noviembre. Sin embargo, su victoria se produce en medio de un cuestionado proceso electoral y represiones a los derechos humanos. Su falta de legitimidad se ratifica en que el 81.2% de la población de Nicaragua se abstuvo de votar en señal de protesta.
Ilegitimidad electoral en Nicaragua
Las elecciones nicaragüenses se realizaron sin competencia alguna para el dictador. Durante los últimos meses, Ortega encarceló a los otros siete precandidatos a la presidencia de la oposición. Además, retiró a dos agrupaciones políticas del proceso de forma arbitraria.
Sin embargo, esas no son las únicas medidas represivas. De acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 1 614 personas han sido privadas de su libertad por haber expresado su opinión contra la dictadura sandinista. Además, se dieron más de 30 detenciones arbitrarias en el país.
Debido a esos factores, la oposición llamó a la población a ausentarse en la jornada electoral del domingo. Aún así, el Consejo Supremo Electoral anunció hoy a las tres de la mañana que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo un 74.99% de respaldo en el 50% de mesas escrutadas. Además, declaró la participación de un 65% de la población.
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Repudio internacional hacia Ortega
La comunidad internacional expresó su rechazo a la farsa en Nicaragua. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, catalogó al proceso electoral como una «pantomima». Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó su desconocimiento de los resultados electorales debido a la ausencia de mecanismos democráticos. El gobierno de Chile adoptó la misma postura, al igual que su vecino Perú, mediante un comunicado de la Cancillería.
De igual forma, cuatro expresidentes latinoamericanos invitaron a los Gobiernos de la región a desconocer las elecciones. El grupo está conformado por Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Juan Manuel Santos, de Colombia; y Ricardo Lagos, de Chile. Además, solicitaron la inmediata suspensión del financiamiento de organismos internacionales al igual que de la OEA.
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Desde el viejo continente, la Unión Europea también se pronunció. El Alto Representante Josep Borell declaró que el proceso carece de garantías democráticas, por lo que sus resultados carecen de legitimidad. Similar postura fue adoptada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. Según el canciller, lo que se está dando en Nicaragua no puede ser llamado «elecciones» y exigió la liberación de los opositores injustamente arrestados. Cabe recordar que su rechazo al gobierno nicaragüense se evidenció desde el retiro de la embajada española en Managua el 12 de agosto de este año.
«Lo que se ha realizado en Nicaragua ha sido una burla al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y a la democracia»
José Manuel Albares, Canciller de España