Las palabras del premier Bellido han contribuido al revuelo político dentro de estos últimos días. Y no es para menos, pues pareciera que por cada comentario desatinado del primer ministro nos volviéramos cada vez más desafortunados. Luego de amenazar con la estatización de la empresa que tiene la concesión de Camisea, el dólar se disparó a un nivel histórico, llegando a posicionarse en S/. 4.12 soles. Sin embargo, cabe tomar en cuenta algo: ¿las palabras de Bellido son más que un capricho irrealizable? ¿O nos iría mucho mejor con Camisea en manos del Estado? Ambas interrogantes se responderán a continuación, pero cabe adelantar que el tablero de juego se encuentra ahí y parece que quieren patearlo.
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«Renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado»
Todo apunta a que el Estado no se encuentra del todo satisfecho con el 65% de utilidades que recibe de la concesión de gas. Y es que bajo una afirmación como la que se encuentra en el subtítulo cabe preguntar: ¿es que acaso el Consorcio Camisea no transfiere al Estado suficientes recursos por la explotación del yacimiento gasífero más importante del país?
La información compartida por Janinne Delgado, gerente del sector Hidrocarburos de la SNMPE, señala que la carga fiscal de Camisea (Lotes 88 y 56) se compone de lo que se paga por regalías e impuestos. En el caso del Lote 88, se cuenta con una regalía flat de 37.24% de la producción fiscalizada, es decir, se trata de una de las más altas de la región y del Perú, y si a ello le sumamos lo que paga de impuestos llegamos a cerca del 65%. Lo propio ocurre con el Lote 56, cuya regalía para el gas natural oscila entre 30% y 38%, siendo que en agosto último pagó 37.2% de regalías, por lo que su carga fiscal fue muy similar a la del Lote 88.
Por tanto, no es exacta la afirmación que muchos líderes del partido de Gobierno hacen respecto a que, de los beneficios obtenidos por Camisea, el Consorcio se lleva el 70% y solo deja el 30% al Estado; muy por el contrario, lo que se paga al Estado es cerca del 65% y el contratista solo obtiene el 35% de ganancias. Bajo esta evidencia empírica no se comprende que se busca negociar cuando la carga fiscal de Camisea es alta y los beneficios fiscales son bastante significativos.
Dos cusqueños en la luna
La excandidata presidencial Verónika Mendoza ya se ha pronunciado en apoyo a la propuesta del premier Bellido. Ambos son oriundos de la ciudad del Cusco pero lo que quizás no tienen en cuenta es que para su departamento las ganancias también son fructíferas pues desde el año 2004 hasta el 2019, Camisea le ha dado del canon gasífero más de S/ 20,000 millones al departamento del Cusco. Aproximadamente 1 millón de dólares diarios. ¿Renegociación? Cabría que empezar transparentando cuentas sobre el dinero que ya han estado recibiendo. Asimismo, el gran reto no es incrementar la carga fiscal, sino que el Estado peruano tenga una política energética que priorice la masificación y, por tanto, lleve el gas natural a más regiones, donde no solo 10 de cada 24 gocen de este recurso energético amigable y barato que garantiza, según estimaciones, 25 años mínimo de suministro.
«Optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento»
Al margen de las ya consecuencias nefastas que tendría la nacionalización de este recurso energético, cabe preguntarse cuál sería el proceso para hacerlo, si es que las normas actuales se lo permiten, y qué implicancias tendría para los peruanos.
Primero debemos tomar en cuenta que la Constitución y la Ley General de Expropiaciones deben leerse de manera simultánea. Pues si bien el artículo 70° de la Carta Magna señala que toda expropiación debe ser declarada por ley, esta se queda corta al especificar qué tipo de ley y quién es el responsable de formularla. Sin embargo, si es que leemos conjuntamente la ley general que regula estos casos, la ley a la que se refiere la Constitución debe ser formulada por el Congreso de la República. Eso, en principio, deja sin espacio de acción al Ejecutivo a menos que quiera patear el tablero.
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Camisea: un arbitraje y problemas internacionales
Los Contratos de Licencia firmados por el Consorcio con el Estado, por la explotación de los yacimientos ubicados en el Lote 88 y en el Lote 56, son Contratos Ley que, acorde con lo establecido en la Constitución, solo pueden ser modificados por acuerdo de partes y no de forma unilateral.
Además, sin una pronta y adecuada compensación, podría ser materia de un reclamo de expropiación directa ilegítima ante tribunales arbitrales. Para esto último, se puede acudir a los tratados de protección de las inversiones o a la cláusula arbitral contenida en los contratos de licencia de los Lotes 88 y 56 que facultan a las empresas contratistas a acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Diferencias-CIADI, institución del Banco Mundial.
Una economía social de mercado en aprietos
No hay que perder de vista que, según lo expresado por el gerente del sector Hidrocarburos de la SNMPE, la nacionalización implicaría que el Estado realice actividad empresarial de manera directa. Por lo tanto, para que la iniciativa se concrete se tendría que modificar el modelo económico establecido en la Carta Magna que se inspira en los principios actuación y ejecución de las actividades económicas por parte de los particulares. Esto último a su vez, significaría la modificación de, por lo menos, los artículos 58° y 60°.
Más cambios para la nacionalización de Camisea
Según el gerente, se tendría que modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos cuyos principios generales son compatibles con la promoción del desarrollo de las actividades de los hidrocarburos, estimulando la libre competencia, la iniciativa privada y el libre acceso a la actividad económica, ejes sobre los que giran las políticas hidrocarburíferas.
Si es que se quiere estar dentro de la ley…
No se podría patear el tablero. El orden constitucional y la ley no permiten cumplir la propuesta ideológica del premier Bellido. Cualquier salida legal deberá pasar por una reforma de la Carta Magna y del TUO de la LOH, además de obtener el consentimiento de las empresas del consorcio con una efectiva compensación que asciende a los S/. 15.000 millones de soles. ¿Con la plata de quién? De todos los contribuyentes, es decir, con la plata del pueblo peruano. ¿Se estaría mejor con Camisea en manos del Estado? Recordemos que Petroperú, actual contratante y supervisor de Camisea, administraría el proyecto que se tiene planteado. Sin embargo, cabe señalar que esta no solo es la empresa estatal más grande del país, sino también, un elefante torpe, lento y pesado, que ha llegado a acumular pérdidas de hasta S/. 13 mil millones de soles en tan sólo una década. Advertidos estamos.
