La regulación de la confianza fue aprobada con 74 votos a favor en el pleno. Las bancadas de oposición apoyaron la iniciativa, a excepción de la coalición Somos Perú-Partido Morado.
El recurso de confianza en el ojo de la tormenta
La cuestión de confianza es un mecanismo del Poder Ejecutivo para consultar al Congreso si aún cuenta con su aprobación para seguir gobernando en torno a un tema en específico. Esta es otorgada por determinación parlamentaria; sin embargo, dos negaciones dan pie al cierre del Legislativo. En nuestro país, el recurso ha sido empleado hasta 4 veces en 5 años. Incluso el expresidente Martín Vizcarra utilizó la figura de la cuestión de confianza para disolver el Parlamento Nacional, en el 2019.
El premier Guido Bellido estableció la posibilidad de plantear la cuestión de confianza en caso se de la censura de algún ministro o para proponer un cambio constitucional. La agenda política y los “coqueteos” antidemocráticos de Perú Libre, han puesto a esta herramienta del Ejecutivo en la mira del hemiciclo.
Tras haber sido aprobado la semana pasada en la Comisión de Constitución, el pleno votó este jueves a favor del dictamen que propone interpretar la cuestión de confianza. La finalidad de la propuesta es precisar que ella no procede frente a iniciativas de reforma constitucional, ni sobre demás competencias exclusivas del Congreso de la República. El dictamen regulará el recurso a través de la interpretación del artículo 132 de la constitución.
La respuesta de Perú Libre
Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, presentó el dictamen ante el pleno. Además de la bancada fujimorista, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza por el Progreso votaron a favor. El oficialismo mantuvo una actitud de rechazo ante la iniciativa, percibiendo la regulación de la confianza como una transgresión hacia el equilibrio de poderes contra el Ejecutivo. ¿Qué dicen sus miembros?
Según Aníbal Torres, ministro de Justicia, el dictamen planteado desde la Comisión de Constitución sería anticonstitucional e inviable. Aseguró que darle mayor potestad de control al Legislativo constituye un grave desequilibrio de poderes, cuando ya cuenta con el mecanismo de censura ministerial. Asimismo, señaló que la interpretación de los artículos 132 y 133 de la constitución “no puede resultar opuesta” a la del Tribunal Constitucional.
En respuesta a lo ocurrido, la vicepresidenta Dina Boluarte declaró lo siguiente:
“Los poderes del Estado son autónomos y uno no puede intervenir en la autonomía del otro […] Creo que el Congreso tiene que entender que no puede estar interfiriendo en temas del Ejecutivo y el Ejecutivo no tiene que estar interviniendo en temas del Parlamento. Entonces, el respeto entre poderes va a hacer también que en democracia podamos trabajar juntos”
Boluarte deslizó la posibilidad de que el ejecutivo observe el dictamen y lo presente ante el Tribunal Constitucional. Frente a ello, el brazo derecho del Jefe de Estado hizo referencia tácita a lo sucedido dentro del gobierno Vizcarrista: “El Tribunal en una situación similar ya la declaró inconstitucional”. La llegada de Pedro Castillo desde el extranjero determinará la decisión final de la dirigencia del gobierno. Nada está dicho.
La constitucionalidad del dictamen
En diálogo con Diario El Gobierno, el constitucionalista Carlos Hakkanson abordó la gran interrogante: ¿La interpretación es o no constitucional?. El especialista aseguró que sería totalmente viable, ya que se da según el contenido de la Carta Magna sobre la separación de poderes. Una cuestión de confianza que se pueda plantear para cualquier caso no se condice con el principio de autonomía funcional de poderes.
“El Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza para cualquier competencia que forme parte de su política general, pero no sobre atribuciones parlamentarias, como la reforma constitucional”.
declaró el experto en derecho constitucional
El Ejecutivo puede presentar proyectos de reforma a la constitución, pero no puede hacer cuestión de confianza de ellas. Es el Congreso quien tiene la potestad de discutir un proyecto de reforma, con la misión de elaborar una ley del más alto rango. El artículo 106 establece que el jefe de Estado no puede observar la ley de reforma de la constitución. Así, queda claro que menos podría someterla a la cuestión de confianza. La configuración de una norma que altere la constitución está en manos de la discusión y voto del Parlamento.
La malversa cuestión de confianza
Hakkanson Nieto sostiene que la herramienta de cuestión de confianza ha atravesado por una serie de malversaciones en el país. Vizcarra Cornejo disolvió el Congreso en el 2019, presumiendo la negación fáctica del recurso. Constitucionalmente, el rechazo a la cuestión de confianza se da por voto expreso. Pese a ello, a través de la controversial sentencia 0006-2019-CC/TC el Tribunal Constitucional validó lo sucedido.
El exmandatario Vizcarra adquirió una nueva atribución, no dictaminada por la constitución sino por el TC, que señalaba que el Ejecutivo podía presumir que no le han dado la confianza. Hakkanson recordó que para cualquier caso, el rol del TC “no es el de un senado, sino un árbitro de perfil bajo, garante de constitucionalidad”.
“Lo que se busca con esta ley es regresar a sus verdaderos cauces la cuestión de confianza”, enfatizó el abogado. El Congreso dispone de medios de control político y de exigencia de responsabilidad. El control es ejercido mediante interpelaciones, citaciones a los ministros, etc. En contraste con lo planteado por el ministro de Justicia, Hakkanson esclareció que el Poder Legislativo responde ante el recurso como medio de exigencia de responsabilidad política al gobierno. Se quiere reivindicar la labor fiscalizadora del hemiciclo.
La cuestión de confianza en el juego político de Perú Libre
“Si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos…”, fueron las palabras de Bellido Ugarte. Lejos de la búsqueda de consenso, el recurso de confianza se presentaría con miras de enfrentar al Parlamento, en tanto el Ejecutivo sea cuestionado. Es importante tomar en cuenta ello, ya que los perulibristas busca disponer de la cuestión de confianza para proyectos controvertidos como la instauración de una Asamblea Constituyente. Hacer cuestión de confianza de todo es transgredir las facultades legislativas.
El discurso político del jefe del Gabinete Ministerial y demás miembros oficialistas, bien resumido en la previa frase, dejan clara la estrategia. Fuera del ámbito legal, con una oposición consolidada, el recurso sería presentado por el Ejecutivo para perder y así legitimar su narrativa de que “no los dejan trabajar”, frente a la ciudadanía. Esto se asocia con la búsqueda de apoyo popular frente a una eventual disolución del Parlamento. Irónicamente, la narrativa antiparlamentaria del lápiz trae memorias de un Fujimori presidente.
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