Durante el periodo de campaña de las Elecciones Generales de 2021, fluctuaron por la esfera pública los antecedentes de distintos postulantes tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo. Asimismo, los nombres vinculados a los partidos políticos en cuestión no estuvieron exentos de investigaciones. Tal fue el caso de Vladimir Cerrón, quien se desempeña como secretario general de Perú Libre. Este, con la victoria de Pedro Castillo en primera vuelta y su próximo arribo a la presidencia, se vio inmediatamente investigado por los medios. Así, su involucración en casos de corrupción y delito de terrorismo, significarían fuertes cuestionamientos.
Carrera política
La carrera política de Cerrón empezó en el 2005 cuando se afilió al Partido Nacionalista Peruano participando de las Elecciones Generales de ese mismo año. Más adelante, fundaría el Movimiento Político Regional Perú Libre en 2008. Dos años después, postularía en las elecciones regionales de Junín del 2010 donde fue elegido como gobernador regional.
Cerrón optaría por postular a la presidencia de la República en la contienda del 2016. Sin embargo, decidió retirarse del proceso electoral poco tiempos después al ver la falta de apoyo que su candidatura recibió. Sería en el 2018 cuando se produjo su reelección como gobernador regional de Junín. No obstante, su involucración en el caso La Oroya causó su suspensión del cargo. Actualmente, no ostenta ningún cargo público, pues fue descalificado por el Jurado Nacional de Elecciones como segundo vicepresidente en la candidatura de Pedro Castillo.
Caso ‘La Oroya‘
Al legislador se le ha acusado por casos de corrupción y delitos penales durante su mandato como gobernador regional. Como se mencionó previamente, tiene un cargo criminal involucrado con el caso La Oroya. Más específicamente, por negociación incompatible y aprovechamiento de un cargo público. Esta investigación se llevó a cabo en la Corte Superior de Justicia de Junín, la cual dictó una sentencia de cuatro años en prisión. El caso fue más adelante suspendido por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín tras una apelación del legislador.
Caso ‘Los Dinámicos del Centro‘
En julio del presente año, la Fiscalía incluyó a Cerrón en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, que investiga a funcionarios del Gobierno y de Perú Libre por lavado de activos y financiamiento ilícito. Un mes después, el juez Juan Carlos Sanchez autorizó la intervención de siete inmuebles, cuatro locales del partido Perú Libre y tres propiedades de Cerrón. En estas indagaciones se encontró información que probarían las acusaciones. Frente a ello, Cerrón se pronunció ó a través de su cuenta de Twitter el 28 de agosto: “Desde el Perú Profundo denuncio la persecución política contra el Partido y sus dirigentes, que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio. Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamó a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines», declaró.
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Asimismo, el día de ayer, el fiscal Carlos Mesa Palomino inició una investigación preliminar a Cerrón después de que un reportaje periodístico pruebe un resguardo policial irregular a su favor. En base a ello, se dispuso que el líder de Perú Libre sería investigado por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
16 años de prisión
Tomando en consideración la información presentada en contra del secretario general de Perú Libre, la magistrada Mary Huamán, representante de la Fiscalía, solicitó el 27 de agosto 16 años de prisión para Cerrón por el delito de colusión agravada. En el requerimiento se le acusa de haber coludido con representantes del consorcio El Carmen II con el fin de favorecerlo en la construcción del hospital El Carmen. La magistrada también solicitó dos años y 11 meses de prisión para Cerrón por malversación de fondos por manejo irregular del presupuesto de la obra ‘Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro’. El caso se presentó el último martes en una audiencia virtual en la cual se solicitó al juez que se inhabilite al congresista de ejercer cargos públicos.
