El 10 de julio del presente año, Aníbal Torres, quien entonces solo era vocero del partido Perú Libre, comentó en una entrevista radial que no es correcto que Fujimori y su socio Montesinos paguen condena en «cárceles doradas». Como era de esperarse, luego de la juramentación del ahora ministro de Justicia, el abogado del expresidente solicitó al juzgado de investigación preparatoria que su cliente continúe purgando condena en el penal de Barbadillo. Sin embargo, todo parece indicar que para el juez de dicha jurisdicción no hay razón alguna para conceder tal pedido.
Una inferencia válida
Vladimiro Montesinos fue trasladado del penal de la Base Naval de la Marina al de Ancón II. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó este hecho a través de su cuenta de Twitter el 25 de agosto. El presidente Pedro Castillo también aprovechó la ocasión para expresarse en las redes sociales. “Ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, señaló. Estas declaraciones del jefe de Estado causaron polémica entre los seguidores de Fuerza Popular.
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Manotazos de ahogado
Las pretensiones del abogado de Fujimori no son descabelladas porque todo apunta a que su permanencia en el penal de Barbadillo tiene los días contados. Prueba de ello es la resolución emitida por el juez supremo Hugo Núñez Julca.
De esta resolución judicial se desprenden dos cosas. En primer lugar, el juez Núñez considera que las declaraciones del ministro Torres pertenecen a la esfera de la libertad de opinión y expresión. Por otra parte, deniega la pretensión del abogado del expresidente que buscaba continuar la condena en la celda presidencial de Barbadillo.
En ese sentido, desde una visión jurídica, no hay intervención por parte del ministro de Justicia en el destino de Fujimori ya que sus opiniones no inciden en los hechos materiales. Por lo tanto, nada impide que el expresidente sea trasladado a otra prisión.
