La pandemia originada como causa de la COVID-19 ha mermado la economía y la salud del mundo. Latinoamérica no es la excepción siendo Perú el país que peor afrontó la crisis sanitaria debido a una inicial escasez de vacuna y cuarentenas mal aplicadas. En Argentina, nación que asume nuevamente un gobierno de izquierda bajo el mando de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es de los países que también aplicó el confinamiento como medida para frenar los contagios.
Las cuarentenas “cuareternas” en Argentina
Como en el Perú, Argentina aplicó cuarentenas severas en aras de evitar la propagación del coronavirus y así frenar los contagios. Esta medida se impuso en todo el país, de manera obligatoria, a partir del día 20 de marzo y se mantuvo hasta el día 12 de abril en un principio. Sin embargo, la medida se extendió durante todo el 2020.
Luego en la mayoría del país sureño se estableció la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunos aglomerados urbanos del país se aplicó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Algunas restricciones generales que se mantienen para ambas fases (ASPO y DISPO), como las reuniones con más de 10 personas, tanto al aire libre como en espacios cerrados, el turismo, los cines y los teatros, entre otros espacios.
Asimismo, Argentina ocupó el segundo puesto en el ranking general que mide cuán estrictos fueron los países en las cuarentenas implementadas desde el inicio de la pandemia. Se tiene conocimiento que dicho país habría alcanzado solo en el año 2020 los 275 días de cuarentena.
Fernández cuestionado por su incumplimiento
En julio del 2020, cuando el país sobrellevaba las más duras restricciones a causa de la pandemia, Fernández recibía en la residencia presidencial de Olivos a una decena de personas para celebrar el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yánez. Así lo evidenciaba una fotografía filtrada sobre la cual el mandatario tuvo que hacer un mea culpa.
“El 14 de julio, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho, y lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento”, dijo en un acto mientras se dirigía a la población.
El mandatario admitió que la primera dama, Fabiola Yáñez, convocó a “un brindis” a sus amigos el 14 de julio de 2020, el día de su cumpleaños, cuando en Argentina regía un decreto presidencial con duras restricciones sanitarias por el coronavirus, entre ellas, la prohibición de realizar reuniones sociales, bajo amenaza de ser sancionado.
“Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho”, afirmó Alberto Fernández sobre su celebración durante la cuarentena obligatoria. “Lamento que haya ocurrido”, dijo y aseguró: “No va a volver a ocurrir”.
¿Cómo actuó la oposición frente al “error” de Fernández?
Ante la difusión pública de las fotos, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor de Argentina, presentó este viernes en la Cámara Baja un proyecto de resolución para promover un juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
El juicio político es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución argentina establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.
El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene solo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante su presidencia, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) recibió 7 pedidos de juicio político, pero ninguno prosperó. El expresidente Mauricio Macri (Cambiemos) recibió 2 pedidos. El actual mandatario, Alberto Fernández (Frente de Todos), no recibió ningún pedido de juicio político durante su mandato, pero sí en 2005, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
Entre la vacancia peruana y el juicio político
El juicio político es improbable. El oficialismo tiene mayoría en el Parlamento, donde se necesitan 172 votos de la Cámara de Diputados y 48 en el Senado. Expertas consultadas por el Diario La República, señalan que “Es imposible, es un arma de presión de escandalo preelectoral por parte de la oposición”, subrayó Florencia Misino, politóloga de la Universidad de Buenos Aires. “Obviamente la oposición apunta a los huecos que deja el gobierno para presionar, deslegitimar al gobierno y sacar rédito político”.
De igual forma, Misino reconoció́ que hay “malestar” entre la ciudadanía, pero matizó la crisis política. “A diferencia de Perú́, por ejemplo, el sistema de partidos es estable y la democracia funciona bien”.
La pandemia y el gobierno golpeó la economía
Según fuentes del Diario El País, el gobierno peronista de Alberto Fernández atribuye al Gobierno anterior, del liberal Mauricio Macri (2015-2019), la responsabilidad de la actual crisis. Ciertamente, durante 2018 el peso perdió el 40% de su valor y el enorme préstamo recibido del FMI se evaporó en coberturas desesperadas del déficit fiscal y en operaciones especulativas (gran parte de los 44.000 millones de dólares recibidos acabaron en el extranjero o en cajas de seguridad); cuando en las primarias de agosto de 2019 se constató que el peronismo iba a regresar al poder, los mercados bursátiles se hundieron, el peso se devaluó otro 38% y hubo que restablecer los controles cambiarios, el llamado “cepo”, para evitar el colapso. Pero Macri había heredado a su vez graves problemas de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta.
Lo cierto es que Argentina fue reclasificada por el MSCI bajo la categoría “standalone”, que es una denominación que reserva para algunas economías que, considera la compañía que elabora el índice, tienen barreras de accesibilidad a los inversores extranjeros, tensiones políticas, mercados de capitales pequeños y economías pobres o que carecen de regulaciones adecuadas.
