En el complejo contexto actual y a menos de dos meses para la llegada de un nuevo Gobierno, se han publicado distintas notas y artículos analizando los nuevos desafíos económicos que se avecinan y cómo ejecutar una correcta gestión frente a ellos.
Hoy se discute la entrada de Pedro Castillo al poder y, más específicamente, aquellas propuestas contempladas en su plan de gobierno que profundizaron cierta incertidumbre en algunos sectores del país económicamente hablando. Muchos temen la aplicación de las medidas estatales concernientes a una economía popular de mercados.
¿Qué debe hacer el Gobierno peruano?
«¿Qué cambiar y que mantener?», es un artículo del economista Hugo Ñopo, que recopila opiniones de 23 economistas. Su principal cualidad radica en ver el consenso sobre las prioridades para el siguiente Gobierno y así generar una respuesta a las adversidades presentes y potenciales.
Dicha concordancia hace énfasis en tópicos como salud pública, educación, inversión privada, organización del Estado, organización del mercado, régimen tributario y régimen laboral. Estos podrían resumirse en cuatro macro ejes, como sugiere la nota de Debate de políticas públicas a corto plazo del diario Gestión.
Capacidad de gestión del Estado
Para empezar, existe una bélica crítica sobre las reglas de contrapesos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Como antecedentes figuran los diferentes entorpecimientos en la gestión estatal debido a los conflictos entre estos poderes.
Es necesario tener una interpretación sólida sobre el título IV de la estructura del Estado, más específicamente, acerca de los capítulos referentes a estos poderes. De esta forma, se logrará un uso pertinente de las reglas estipuladas, cerrando puertas a una alteración perjudicial. El uso de estas herramientas por parte de las autoridades en funciones ha involucrado intereses individuales de un grupo determinado en reiteradas ocasiones, entorpeciendo aún más la precaria gestión estatal, causando un desvío en el compromiso del Gobierno con la población.
Por otro lado, no solo se critican las altas funciones, sino también aquellas que cumplen un rol de atención al ciudadano. La existencia de una mala selección del capital social, capacitaciones insuficientes y una excesiva burocracia evidenciada en la mayoría órganos esenciales, son características resaltables para ser blanco de cuestionamientos.
Salud
Este rubro fue el que más énfasis y consenso generó. Las consecuencias económicas y el colapso de la salud pública a raíz de la pandemia encabezan la lista de principales problemas a solucionar dentro del país.
Lo primero recalcado es el aumento del gasto público, además de la mejora estructural en los organismos públicos y administrativos encargados de la gestión y distribución de medicamentos, personal, equipamiento, infraestructura, etc. Priorizar a las comunidades más vulnerables del país es uno de los pilares en la reforma de este sector.
También se hace una fuerte crítica sobre el desbarato en la calidad de este sector. Ejemplo de ello es la importancia de cierta capacidad económica para obtener un servicio de salud básico. Roxanna Barrentes plantea lo siguiente en Jugo de Caigua sobre del sistema de protección social: «Nuestra salud y pensiones no deben depender de nuestra situación laboral».
Asimismo, se alude a los sistemas de inversión y gestión pública, sobre todo en los sectores sociales. El enfoque tiene que ser de abajo hacia arriba: ¿Cómo lograr que el paciente/alumno reciba la mejor salud/educación posible de la manera más eficiente? «Cuando entran los intereses de otros actores al medio, todo se complica», indica Diego Macera.
Reactivación económica
Se afirma que la reactivación de la minería y la inversión privada es necesaria para la agilización de la económica peruana. El Perú cuenta con un porcentaje alto de desempleo, además de un descenso en los ingresos de la canasta familiar promedio.
La inversión privada debe hacer énfasis en la micro y mediana empresa, así como también realizar cambios en los regímenes tributarios que las regulan. Así, se maximizará el crecimiento económico de las mismas y se promoverá el emprendimiento.
Además, el régimen laboral es un punto bastante discutido. Se plantea un cambio en las directrices de protección laboral, priorizando aquel que se encuentre en una posición de subordinación, es decir, los empleados, y así desligarse de los contratos laborales. Junto con ello, también se discute revertir el precedente de reposición obligatoria del Tribunal Constitucional.
También se debate la iniciativa del Gobierno de Castillo frente a este punto, según la nota de los posibles escenarios para legislación laboral de Gestión. Se analizan dos posibilidades, una versión moderada —como es el caso de Bolivia— y una versión radical —como la de Venezuela—. Está última sería el peor de los escenarios, pues daría pie a un «proteccionismo pleno», impidiendo el correcto funcionamiento del mercado.
Política fiscal y capacidad de endeudamiento
En la política fiscal se plantean modificaciones y mejoras del régimen tributario, como por ejemplo, mejorar la recaudación. De esta forma, la lucha contra la informalidad tendrá un nuevo enfoque dejando de lado la fuerza fiscal.
Con ello, se plantea la ampliación de la base tributaria y reducción de ciertos impuestos que simplificarían la manera de hacer negocios, ya que el Perú es el tercer país con la tasa más alta de impuestos según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otras de las modificaciones es sobre el artículo 60 de la Constitución, el cuál trata sobre el tratamiento legal que reciben las empresas públicas y privada. Una de las reformas es que la mencionada atención sea diferenciada.
Por otro lado, se advierte que muchas políticas fundamentadas en el libre mercado han terminado por ser una especie de impunidad empresarial, esto a raíz de los intereses propios evidenciados en políticos.
Y además, se sugiere mantener el capítulo económico de la Constitución, donde se apoya el tratado de libre comercio y la autonomía de organismos como el Banco Central de Reserva (BCR).
Educación
Por último, debe hacerse énfasis en aumentar el gasto público en el sector educativo y la ejecución de reformas del sector sobre las bases ya existentes. Sin embargo, existe el debate sobre un cambio profundo en el manejo de información, sugiriendo una educación del siglo XXI y no del siglo XX.
Se recalca que los ingresos de los profesores deben aumentarse al estar en un sistema meritocrático, gracias a la reforma magisterial, y con ello mejorar la calidad educativa además del capital humano.
La tecnología verde: ¿Una solución?
A pesar de los avances de la tecnología, se ha vuelto primordial eliminar la brecha digital en muchos países, en un acto de crecimiento económico.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha analizado la brecha digital y, según los datos obtenidos, se ha ubicado un desaprovechamiento de las oportunidades que brinda dicha economía. «El BID está tomando medidas para impulsar un ecosistema digital que ayude a la región a concretar estas inversiones, a diseñar planes nacionales de banda ancha y a crear las alianzas público-privadas necesarias para expandir la cobertura para todos los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables», sostuvo su presidente, Mauricio Claver-Carone.
En el Perú, la brecha es gigantesca; sin embargo, existen proyectos de inversión sostenibles para maximizar muchos sectores económicos. Se espera que la gestión del nuevo Gobierno tenga en cuenta las oportunidades y fortalezas que se presenten en adelante.
Sin embargo, existen posibles riesgos que podrían traer dichas innovaciones. Como se explica en la nota sobre Automatización de Bruno Tuesta, estas innovaciones digitales que automatizan y simplifican muchos de los procedimientos de las actividades comerciales, se han vuelto necesarias y podrían directamente afectar los ingresos de una gran parte de la población.
