Luego de las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas, Violeta Bermúdez finalmente ha anunciado que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional (TC). El ejecutivo presentará acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de devolución del Fonavi y negociación colectiva porque afectarían las arcas públicas.
Advertencias de Waldo Mendoza
Durante una conferencia de prensa, Mendoza explicó que la devolución de los aportes al Fonavi costaría S/ 3 835 millones. Es decir, el Estado peruano gastaría 50 veces el PBI chino, una cifra impensable en medio de la crisis actual. En cuanto a la ley de negociación colectiva, el ministro estimó que esta costaría hasta S/ 6 228 millones anuales.
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Según el titular del MEF, las «dos iniciativas legislativas son muy costosas, no para este Gobierno, sino para los siguientes». Mendoza agregó que el Ejecutivo acudirá al TC para «proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los Gobiernos que vengan adelante tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas».
Constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso
De acuerdo con el artículo 79 de la Carta Magna, el Congreso de la República no puede crear ni aumentar gastos públicos además de su presupuesto. Bajo dicho argumento, el Ejecutivo apelaría al máximo intérprete de la Constitución.
Para analizar la situación, Diario El Gobierno conversó con el constitucionalista Pedro Hernández, quien reconoció la facultad del presidente de recurrir al TC. Según el abogado, «el tema del Fonavi y la negociación colectiva vienen siendo una piedra en el zapato del MEF». Asimismo, recalcó que el Congreso «puede tener una muy buena intención, pero no escuchó la perspectiva técnica». Para Hernández, ambas leyes implicarían una salida de dinero bastante considerable y que «entremos en una deuda social impagable».
Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, en diálogo con el diario, explicó que la ley de devolución de aportes del Fonavi «es populista y acrecienta, fuera de toda reserva presupuestal, la devolución de los aportes». Para Álvarez, el TC debe retornar a su jurisprudencia original y «devolver los aportes probados por los trabajadores de manera individual, mas no los de empresas y Estado que provienen de fondos que no son del trabajador».
Respecto a la negociación colectiva, el constitucionalista considera que el TC debe «ponderar el derecho del trabajador con el deber del Gobierno y las instituciones públicas para garantizar el principio de equilibrio presupuestal». De lo contrario, el dinero que podría ser «destinado a hospitales y camas UCI se va a ir a pagar pliegos de negociación colectiva».
¿Cómo reaccionará el Parlamento?
Recordando lo acontecido la semana pasada, cuatro congresistas de diversas bancadas amenazaron con vacar a Francisco Sagasti. En una sesión del Pleno, los parlamentarios alegaron que propondrían mociones de vacancia si el Ejecutivo recurría al TC por la ley que autorizó los retiros de las AFP. Pero ¿ello podría repetirse en este escenario?
Según Pedro Hernández, Sagasti tiene una «presidencia débil» y está sujeto a lo que decida el Legislativo. Sin embargo, el constitucionalista rescató que la «posición mayoritaria del Congreso no apoya una moción de vacancia». Hernández también explicó que un pedido de dicha índole «sería incorrecto en el escenario actual de pandemia a puertas de la segunda vuelta» e instó al respeto de los cauces constitucionales.
Por otro lado, el expresidente del TC lamentó que «las instituciones constitucionales hayan sido degradadas en los últimos 5 años»; ya que, «se ha usado la Constitución como arma contra el adversario político». Álvarez rescató la función de la Carta Magna de limitar el poder del Ejecutivo y Legislativo. Por eso, recalcó que en vez de plantear mociones de vacancia, el «Congreso puede defender su ley ante los magistrados del TC».
