A pocas semanas de conocer al próximo jefe de Estado, la ciudadanía se enfrenta a un escenario político revuelto, en donde los candidatos a la Presidencia continúan apareciendo a través de diversos acuerdos y compromisos entre excandidatos y organizaciones de la sociedad civil. Ello con el objetivo de dejar constancia frente a una posible amenaza hacia la democracia por parte de uno de los dos aspirantes al cargo, y así, bajo juramento, hacer defensa de la misma.
En efecto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no fue la excepción. Es por ello que el día de ayer, durante una entrevista en el programa Panorama, la aspirante a ocupar el sillón de Pizarro suscribió el Juramento por la Democracia propuesto por diversas organizaciones, comprometiéndose así a respetar la independencia de poderes.
«Estoy de acuerdo y no tendría ningún problema en firmarlo ahora mismo», sostuvo Fujimori Higuchi previo a la suscripción del documento».
¿Quiénes están detrás del compromiso?
Esta iniciativa fue formulada por la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Estas entidades consideraron necesario interceder entre los candidatos a través de un documento que denominaron Proclama Ciudadana – Juramento por la Democracia.
¿Qué menciona el compromiso?
Este documento de promesa está incorporado por 12 pactos, e indica que quien lo suscriba, jura poner en marcha los máximos esfuerzos para «vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica» y con la aplicación de la vacunación universal contra el COVID-19.
Asimismo, señala tópicos y acciones como defender el derecho a la vida y los derechos humanos, no generar un mecanismo de reelección, que las reformas sean por vías constitucionales, respetar la libertad de prensa y la independencia de los fueros de otros poderes del Estado.
Junto con ello, añade que el futuro presidente deberá comprometerse a promover una educación de calidad, respetar y defender la libertad de prensa, incentivar la lucha contra la corrupción y no interferir en la labor de investigación que realizan los organismos especializados, tales como Fiscalías, la Policía Nacional del Perú, la Contraloría y la Procuraduría.
«Si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia», finaliza el documento.
¿Y Pedro Castillo?
Cabe mencionar que, el denominado Juramento por la Democracia, impulsado desde la sociedad civil, contiene diversos temas por los que el candidato de Perú Libre ha sido cuestionado en las últimas semanas. Pese a ello, el aspirante a la Presidencia confirmó la suscripción a dicha proclama ciudadana, días antes del apoyo que su contendora Keiko Fujimori brindó.
«Doy mi palabra y estaré en la fecha, hora y lugar que ustedes indiquen para reafirmar mi compromiso con la democracia, a los DD.HH. y la libertad del Perú», escribió a través de su cuenta de Twitter.
Resulta interesante sostener que estos 12 compromisos, al igual que los que firmó con su nueva aliada, la izquierdista Verónika Mendoza; también evidencian contradicciones con lo propiamente expresado por Castillo Terrones y el ideario de su agrupación política. De hecho, se cree que estos ejes pueden generar conflicto dentro de su partido, propiciando que no se logren cumplir en un eventual gobierno suyo.
¿Cuáles son los puntos del Juramento por la Democracia que se contradicen con las declaraciones de Perú Libre?
1. Institucionalidad
Uno de los ejes centrales de este juramento es el de defender la institucionalidad democrática. El acuerdo busca asegurar el compromiso de respetar la separación de poderes, así como la autonomía de instituciones como el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el candidato del lápiz ha sido criticado en reiteradas oportunidades por mostrar poco interés con los organismos autónomos. Ejemplo de ello es cuando el 14 de marzo, en el programa Agenda Política, dijo que desactivaría el TC. Además, el 19 de ese mismo mes, amenazó a la Defensoría del Pueblo. De igual manera, respecto a las entidades reguladoras, específicamente la Sutran, Pedro Castillo reiteró su iniciativa de desactivar tal institución.
2. Lucha contra la corrupción
Otros de los puntos sostiene la búsqueda por garantizar un efectivo combate contra la corrupción. Pese a ello, cabe precisar que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene nueve procesos en curso y una sentencia ya consentida y ejecutoriada. Además, el candidato Castillo afirmó que dicha resolución se trata de una «persecución política» y que Cerrón Rojas «ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción».
3. Reforma Constitucional
En efecto, una bandera importante del ideario de Perú Libre es la de realizar un cambio en la Carta Magna. Sin embargo, aún existe un debate a fondo sobre qué mecanismo utilizarán, pues Vladimir Cerrón afirmó que «la nuestra no es la vía congresal para cambiar la Constitución». Ante eso, la proclama ciudadana exige que cualquier reforma debe ser realizada en el marco jurídico vigente (Artículo 206° de la Constitución) y bajo los mecanismos permitidos, con el objetivo de no quebrantar el Estado de Derecho.
4. Respeto a las minorías
En cuanto a Castillo Terrones, el 6 de abril se manifestó en contra del matrimonio igualitario, argumentando que «primero está la familia». Asimismo, el día de ayer, el docente manifestó lo siguiente: «El enfoque de género no es nuestra prioridad». Si bien es cierto, el compromiso no es muy explícito en este tema, pero sí asegura que se deberá aumentar la igualdad de oportunidades para niños y niñas en el rubro educativo.
5. Respeto a los tratados internacionales
Esto último es cuestionable, pues en el ideario de Cerrón, se considera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un instrumento del imperialismo yanqui. Asimismo, se desdice del punto llamado «soberanía jurídica», incluido en su plan de gobierno, en el que se cuestionan los tratados, entre ellos los relacionados a derechos humanos, porque «nuestra soberanía jurídica está abdicada a favor de tribunales internacionales. La obligación del Estado socialista es cambiar esta penosa realidad».
