En los últimos 5 años, el presupuesto peruano ha aumentado en promedio 6 % anualmente. Para este año, 2021, se han destinado S/ 127,488 millones al gasto corriente (70 %), S/ 39,756 millones a la inversión pública (22 %) y S/ 15,966 millones al pago de la deuda pública (8 %).
Aún así, la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos es muy deficiente y las brechas de servicios no se han cerrado. Ante ello, los partidos políticos vienen planteando diversas soluciones que podrían tener un impacto en el presupuesto del Estado, el cual es costeado con el dinero de los contribuyentes.
En estas elecciones, la agrupación de izquierda Juntos por el Perú, la cual busca llevar a Verónika Mendoza a la Presidencia, ha propuesto, en materia de ayuda económica, entregar bonos universales mensuales destinados a los sectores educación y salud. Para ello, el partido plantea invertir 6 % del PBI en cada cartera.
Además, en torno a la administración pública del Estado, se pretende crear una institución anticorrupción para el sector sanitario, autoridades de transporte en todas las provincias y una entidad rectora de la administración pública que integre SERVIR, CEPLAN, OSCE y algunas secretarías de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Si bien estas medidas no se aplicarían inmediatamente, sino de manera progresiva, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) estima que, de aplicarse, podrían incrementar el presupuesto en S/ 234 mil millones; esto significa que el presupuesto se duplicaría.
En cuanto a su financiamiento, el plan de gobierno del partido no justifica cómo se afrontarían estos gastos. Sin embargo, considerando las últimas declaraciones de la lideresa de Juntos por el Perú, lo más probable es que el plan de Verónika Mendoza contemple incrementar los impuestos, la deuda pública y probablemente emitir dinero, rompiendo la autonomía del Banco Central de Reserva.
Para Marcel Ramírez La Torre, director de la ACP, el tamaño del gasto público no es un indicativo de mejoras en el bienestar ni los resultados en pro de los ciudadanos más vulnerables del país.
«Justamente en los últimos 8 años, el presupuesto público se ha duplicado y las brechas sociales no se han reducido. Cualquier propuesta que incremente el presupuesto requiere primero un sustento adecuado de cómo se financiará y, simultáneamente, cómo asegurará su ejecución, especialmente en lo referido a la calidad del mismo para reducir las brechas urgentes de la población. Una reforma en la calidad de la gestión es fundamental antes de proponer aumentos del gasto», afirmó el especialista en políticas públicas.
