Una democracia es falsa cuando no está dispuesta a correr el riesgo de la libertad en sus ciudadanos promoviendo y facilitando en lo cotidiano la iniciativa privada. Durante muchos lustros, se ha estigmatizado a la iniciativa privada al punto que se le asocia con afán de lucro. Mientras que todas aquellas emprendidas o gestionados por el Estado se presentan como la solución intachable y efectiva en favor de los demás. Así las cosas, en el discurso político y en la percepción de las mayorías: privado equivale a malo e individualista, estatal, en cambio, a bueno y solidario.
Toda acción humana tiene un titular, por tanto, es imputable a una persona concreta con nombre y apellidos. En la medida que su autoría es atribuida a un sujeto, la acción resultante puede denominarse: privada, personal, individual o particular. Pero que tenga un origen verificable no predica necesariamente posesión o dominio autárquico. Es el carácter social de la persona lo que impide el despliegue de esa condición. Lo usual es que una acción o acto humano impacte o influya en terceros. Entonces, desde el punto de vista del autor, una iniciativa es privada; desde la óptica de su influencia no es privativa, es pública, tanto más cuanto más amplia es su radio de acción.
La iniciativa privada tiene las siguientes particularidades: a) Es facultativo – opción libre – de una persona, comunicar o no sus talentos a través de la puesta en acción de una idea o propuesta. b) El riesgo de la libertad es que la iniciativa se puede ejecutar con mala o falsa intención; y, c) precisamente porque emprender una iniciativa supone un titular que actúa libremente, las consecuencias – positivas o negativas – que se deriven de aquella son su responsabilidad, debe responder por ellas ante terceros o ante el Estado. Por consiguiente, una democracia que no está dispuesta a correr el riesgo de la libertad de los ciudadanos no solamente les seca su vitalidad expresada a través de la comunicación de talentos, ni anula la pluralidad de ofertas ni opaca la innovación, sino que esa democracia no es verdadera es un remedo o está limitada.
El profesor Javier Hervada afirma que la democracia en el sentido actual es una forma de gobierno elegido por la expresión de los ciudadanos a través del voto, pero principalmente es un régimen de libertad. No se comprende – por tanto – que, en una democracia, el Estado quiera apropiarse de los ‘contenidos’ sea direccionándolos o imponiendo ideas o modos de pensar a contrapelo de los que piensa o siente la mayoría. ¿Por qué ocurre esto en un régimen de libertad? ¿Cuál es el interés de uniformizar el pensamiento de los ciudadanos? ¿Por qué ese afán de controlar e implantar hasta los modos de hacer las cosas? La manipulación y la demagogia – vicios no menores de la democracia – al amparo de la defensa de una supuesta libertad urden estrategias insidiosas con el único propósito de asegurar – mediante el respeto de las formas – su permanencia en el poder o en los grupos de poder- llevando a las urnas conjunto de electores obsecuentes y sin pensamiento propio: toda una dictadura oligárquica revestida de piel de oveja llamada democracia.
El derecho o la libertad a ser una persona que piensa, quiera y decide tiene que ser protegido y alentado. “Por eso es regla fundamental de una verdadera democracia el respeto a la libertad de pensamiento filosófico, científico y cultural y, con ella, la libertad de comunicación, de palabra (…) No hay sociedad libre si la cultura y su trasmisión están en manos del poder” (J. Hervada) Insisto, no basta con que el Estado las tolere como si fueran libertades de segundo orden, es necesario promoverlas y respetarlas.
Un gobierno democrático que hostiliza la iniciativa privada, imponiéndole trámites y procedimientos farragosos para su ejercicio, atenta contra los principios fundamentales, induce a la anomia social, entra en litigio con el sentido común y con la gramática de la realidad. Por ejemplo, el despliegue de la libertad de enseñanza impide la cosmovisión, el pensamiento y el modo de hacer las cosas únicas, digitadas desde el poder; a su vez facilita que los padres de familia puedan optar –entre varias – por la propuesta educativa que coincida con su filosofía familiar. Aún en el caso que el servicio educativo estatal fuera de excelente calidad, la presencia de la iniciativa privada sería condición de necesidad pues permite el ejercicio de la libertad en las personas.
