Formalmente y siguiendo el proceso técnico que exige el marco legal, el martes 28 de mayo fue nuevamente presentado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La militancia de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvió a intentar que se discuta parlamentariamente su intención de modificar el sistema jurídico vigente que restringe el acceso libre a cualquier práctica que procure el aborto en una mujer.
Ante el fracaso del proyecto durante el período legislativo 2018 en la Cámara de Senadores, uno presupondría que esta nueva edición traería una base de mayor consenso. Muy por el contrario, las posturas más repelidas por la opinión popular se vieron reforzadas en la iniciativa exhibida en el presente año, tales como permitir el aborto libre e indiscriminado hasta la semana 14 inclusive (siendo que a partir de las 12 semanas ya hay un Sistema Nervioso Central que permite sentir cualquier tipo de dolor), aborto irrestricto en cualquier estadio del embarazo si peligra el bienestar físico, psíquico o social (tal es así que una vida de 8 meses de gestación podría ser abortada bajo excusa de la pobreza de la madre), sin sanción a quienes intenten abortar por fuera de las causales previstas legalmente, el sistema público solventando cualquier práctica abortiva y la negación a la objeción de conciencia.
Esta nueva edición permite vislumbrar una ideología más totalitaria que la precedente y, atento al espíritu adverso al aborto que muestra la ciudadanía en su generalidad, prefiere omitir todo Referéndum y simplemente cercenar la discusión dentro del claustro político. Paradójicamente, siendo que medios masivos de comunicación y el inmenso arco político se encuentran captados por una corriente de pensamiento feminista, las estadísticas demuestran que más del 70% de la población no se siente representada por el movimiento. Esta explicación quizás permita entender el pavor que tiene la supuesta “democracia” de poner en manos del Pueblo una decisión tan dirimente como la legalización del aborto.
Pero más paradójico resultó ser lo acaecido el día que se presentó el nuevo proyecto. Promover que ciertos derechos trascendentales queden en manos de una pequeña élite política tiene sus riesgos y uno de ellos es que un diputado no quiera pagar ningún costo político. Cualquier congresista vive en una posición de privilegio si es comparado a un habitante promedio de la Nación, y dicha posición para ser mantenida requiere simplemente no cometer ningún acto lo suficientemente grave como para dañar su imagen pública. En un año de elecciones pasó lo que cualquier analista serio podía prever; atento al repudio masivo que tuvieron en redes sociales (un espacio aún incontrolable para el Estado) los diputados que votaron en favor de legalizar el aborto durante el período anterior, este año decidieron simplemente clausurar el debate para no asumir ningún riesgo en campaña.
Tanto el oficialismo como la oposición acordaron que recién el año que viene se le dará tratamiento legislativo. Esto nos conduce, entre tantas opciones visibles, a una sola conclusión lógica: Cada legislador sabe que el grueso poblacional está en contra del aborto y sabe a su vez que hay presión externa para que el proyecto sea aprobado. Si el arco político tuviera seguridad en que los ciudadanos avalan y legitiman mayoritariamente el aborto, no se explica entonces su temor a debatir la iniciativa feminista el presente año. Una vez más ha quedado al descubierto que la democracia argentina es una mera ficción que sólo funciona para la protección de ciertos privilegios. Los congresistas en forma conjunta decidieron cambiar sus nombres a “Poncio Pilato” y recordarle al pueblo que históricamente ningún político se ha animado a perder su puesto de privilegio con tal defender al inocente.
