«Solo un loco o un necio hace lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos». Esta frase se le atribuye a Albert Einstein y, aunque no está demostrado que realmente lo dijo, definitivamente ha evidenciado que es cierto.
El último martes, en un mensaje nocturno a la nación, el actual presidente, Francisco Sagasti, volvió a esgrimir la estrategia de la cuarentena. Esta, fue aplicada en 2020 pero resultó ineficiente para detener el avance de la pandemia.
Lo mencionado no es una apreciación personal, sino lo que mostraron las cifras en dichas fechas: llegamos a tener el mayor numero de muertos por millón de habitantes a nivel mundial, superando incluso a China, país de origen del virus, y Estados Unidos, donde la pandemia fue una catástrofe geopolítica en su momento.
Las voces oficialistas de ese entonces culparon al ciudadano de a pie, a los anteriores gobiernos, al Congreso y, por tanto, la oposición parlamentaria. Sin embargo, queda la duda: ¿De quien es realmente la culpa?
Desde Locke y Hobbes se concibe el concepto de «contrato social» , donde es el Estado quien, teniendo el monopolio de la fuerza, toma decisiones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En Marzo del 2020, los peruanos confiaron su seguridad al gobierno de Martín Vizcarra. Muestra de ello es el acatamiento de la rígida cuarentena.
Este acuerdo, tácito entre el Gobierno y los peruanos, implicó que durante el «estado de excepción» nosotros priorizaríamos la salud a la economía. En tanto, el Estado utilizara sus recursos en el sector sanitario. Lamentablemente, vimos cómo mientras nosotros cumplíamos nuestra parte del acuerdo, el Gobierno, excluía al sector privado, pese a que este ofreció su apoyo; usaba herramientas como las pruebas rápidas, las cuales fueron denunciadas por su ineficiencia desde el principio; y direccionaba mal la ayuda económica a los más necesitados. Ello, además de la omisión en la compra de las vacunas y un largo etcétera de errores cometidos por los burócratas.
Al día de hoy, ya tenemos información respecto a los resultados de la pandemia. Mientras China imponía una cuarentena rígida, países como Suecia, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay aplicaban un modelo de economía abierta, testeos masivos y confinamiento focalizado para el control y el rastreo de contagios.
A la larga, el modelo que priorizaba la libertad fue más sostenible en el largo plazo. En este, la población cumplía su parte del acuerdo, acatando la cuarentena (si es que le tocaba); al igual que el Gobierno, utilizaba eficientemente sus recursos y priorizaba lo relevante.
Ya hemos visto que el 2020 fue lesivo para muchos emprendimientos, mypes y pymes, con centenares de miles de peruanos lanzados al desempleo y una pobreza que ha crecido a niveles exorbitantes desde hace décadas. Ante una inminente segunda ola, el gobierno nuevamente, teniendo los recursos a la mano, no ha priorizado lo importante: implementar camas en las UCI, obtener vacunas, adquirir plantas de oxígeno, abrir ambientes de detección y plantear estrategias de seguimiento de contagios.
Vemos, otra vez, cómo el Gobierno usando implícitamente el contrato social nos impone una medida que aislada no es sostenible ni soluciona los problemas centrales. Al contario, podría causar más muertes y perjuicios en la salud de miles, tal y como lo explican científicos y epidemiólogos en la Declaración de Great Barrington.
