Este martes, desde las 4 de la madrugada, trabajadores de las agroexportadoras de Ica iniciaron una inusual protesta. En esta, se bloqueó la carretera Panamericana Sur desde el sector del Álamo hasta la zona de expansión urbana Salas Guadalupe.
Esta manifestación se da en contra de la Ley de Promoción Agraria. Según los trabajadores, esta sería el origen «bajos sueldos, maltratos laborales y recortes de beneficios». Además, denunciaron un reducido grupo de empresas agrícolas no realizan las pruebas de descarte para el COVID-19 a sus trabajadores, lo cual contravendría los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.
Para ampliar el panorama, Diario el Gobierno conversó, en exclusiva, con el exgobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, quien dio detalles respecto a lo que viene suscitándose en su región.
¿La Ley de Promoción Agraria es el problema?
«Las empresas que han cumplido con la Ley de Promoción Agraria han logrado favorecer a sus trabajadores. Estos se encuentran formalmente contratados, cuentan con seguro social y CTS (Compensación por Tiempo de Servicio). Además, gozan de todos los beneficios que ofrece la ley y vienen percibiendo un claro aumento en sus remuneraciones», afirma Cillóniz.
Es así que para el exgobernador regional, el problema no radicaría en el régimen agrario. Los reclamos de los trabajadores, asegura, responderían a que ciertas empresas no se ciñen a la ley. «Existe una confusión en creer que el mal manejo de algunas empresas es debido a la Ley de Promoción Agraria», recalca.
Beneficios de la ley
«Es reconocido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Economías y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, que el régimen agrario vigente ha sido beneficioso. Esto se refleja en la economía de Ica. Ha aumentado el poder de consumo y gasto de los trabajadores, lo que genera un mercado comercial más amplio que beneficia a diferentes sectores como el inmobiliario, el industrial, el transporte e, inclusive, el turístico», apunta Cilloniz.
En esta línea, asegura que se debe sancionar a las empresas que no cumplan con lo establecido en la legislación. «Se debe sancionar a las empresas que aún son informales con sus trabajadores. El siguiente paso ante esta crisis es implementar a más empresas para que respeten la ley. Además, siempre se puede mejorar, corregir y reformar la ley», comenta.
Manifestantes
Según Cillóniz, se habrían cometido actos vandálicos contra la propiedad privada Los responsables serían sujetos ajenos a los empleados de las agroexportadoras. «La información que manejamos es que los fundos que han sido vandalizados no son responsabilidad de los trabajadores. Es gente extraña que no está en las planillas de las empresas», recalca.
En otro momento, el también candidato a la Presidencia de Todos por el Perú, se pronunció sobre las declaraciones del actual gobernador iqueño, Javier Gallegos. El funcionario aseguró ayer que los trabajadores agroexportadores recibían una remuneración de S/ 39 y que, en ciertos casos, disminuía hasta 20 0 15 soles.
«Si el señor Gallegos dice que no hay vandalismo, es evidente que no está bien informado. Existen videos y testimonios de lo ocurrido. Que el gobernador de Ica mencione que no existió vandalismo denota una ignorancia total de lo que viene ocurriendo», expresó.
«Si él afirma que algunas empresas están pagando sumas en extremo menores a sus trabajadores, lo invito a mencionarlas. Me parece poco probable, habiendo muchas plazas en empresas con remuneraciones legales», finalizó.
