El país atraviesa una crisis política, sanitaria, económica que, al parecer, se mantendrá en los próximos meses por el COVID-19. Una nueva historia se viene desarrollando debido a la nueva moción de vacancia contra el jefe de Gobierno, Martín Vizcarra, por presuntos delitos que habría cometido cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes.
Recordemos que el pasado 2 de noviembre, el Parlamento Nacional admitió a trámite la moción de vacancia contra el presidente por incapacidad moral permanente. La decisión se efectúo con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.
Diario El Gobierno conversó en exclusiva con la abogada penalista Narda Jiménez respecto al tema. Aseveró que el pedido de vacancia «ha tenido un impacto distinto, ya que se mencionan temas delicados: coimas, corrupción y delitos más graves».
«Definitivamente el ambiente electoral “calienta» todo y conforme va pasando el transcurrir del tiempo, y nos vamos aproximando a la etapa electoral, la situación será de mayor presión al estado de gobierno. Es un fenómeno que se va a dar», explicó Jiménez.
Sanciones penales y morales
Jiménez enfatizó que hay un aspecto muy importante que es la imagen política. «Lo reprochable políticamente, lo moral, lo inmoral. El tema de vacancia encierra mucho este tema».
«Un hecho o despliegue de una conducta de personas que están en el Gobierno puede ser sancionable penalmente, pero no significa que algo sancionable moralmente, se exige para una persona que representa a todos los peruanos. De repente, tiene exigencia moral, pero no penal”, agregó
Aspirantes a colaboradores eficaces
En otro momento, Jiménez adjudicó que los aspirantes suelen «acogerse» a los derechos premiables, es decir, la colaboración eficaz, y manifestó que tendrían que ser hechos corroborados con elementos que periféricamente los sostiene de manera fehacientes [que tengan consistencia y fortaleza de una imputación].
Asimismo, remarcó que «objetivamente» no se puede corroborar que el presidente recibió dinero en sus manos por sobornos. «Acusaciones contra Vizcarra son graves, pero se deben corroborar previamente para saber si es cierto».
«Se cuestiona al Ministerio Público en su accionar. Algunas personas que ejercieron poder en el país han sido privadas de su libertad ¿por qué para algunos es contundente la declaración de un aspirante a colaboración y a otros no? Con la misma vara debe ser medido el presidente», concluyó Jiménez.
