Hace unos días, el ilustre Partido Morado publicó un comunicado calificando como “falso” que el Acuerdo de Escazú no se ratificaría “por una amplia mayoría”. Para su suerte, horas después, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordó rechazarlo y archivarlo. O sea, lo echó por la puerta chica. Pero, ¿qué es Escazú? En sencillo, es un tratado suscrito por 9 países (entre ellos, Bolivia y Panamá) que busca “proteger” el medio ambiente y a sus defensores.
El tratado no solo proponía garantías de transparencia y protección de activistas (que el Perú ya tiene), sino que pretendía que cualquier conflicto medioambiental se lleve a cortes internacionales, como si se tratase de derechos humanos. Incluso, ante el incumplimiento, cualquier país podría denunciar al Perú ante la Corte Internacional de Justicia. Al respecto, diversos especialistas han señalado que no solo implicaría una pérdida de soberanía de nuestro país, sino que generaría un grave perjuicio para la minería (que aporta casi el 13% del PBI). Si bien dice proteger la amazonía y a sus defensores, el acuerdo -y sus acérrimos promotores- solo aplicaría para “solucionar” los problemas que se den con la minería formal. Pasaron por alto -nadie sabe cómo- el verdadero problema: la minería informal.
Seamos sinceros: la deforestación, destrucción de ecosistemas, quema de propiedades, extorsión y asesinato de defensores de la amazonía, no es consecuencia de los mineros formales, sino de los informales e ilegales. Salvo que alguien crea que grandes minas como Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde o Antamina queman las plantaciones de quienes se opongan. De creerlo, hay que hacerse ver. Y es que exige cierto grado de criterio darse cuenta que el problema no está en los formales, que cumplen con altísimos estándares y fiscalizaciones. El problema son los que destruyen, no los que construyen.
Obvio, la majadería de “propiedad pública” sobre la amazonía también es un punto crucial en esto: como las tierras son de nadie (o de todos), poco importa cuidarlas. La razón de por qué se destruye la selva es casi la misma de por qué las calles suelen estar sucias y nuestras casas no. Obstaculizar la inversión formal, cuando el problema es evidentemente la informal, es una idea disparatada.
Una vez más, la realidad le dio la contra a la izquierda peruana y, con una “amplia mayoría”, se logró expectorar el acuerdo. Si todo sale bien, el Pleno del Congreso lo terminará sepultando. Ojo, esto no quita que tengamos un grave problema que no solo nos cuesta muchísimo en términos de dinero, ambiente y vidas. La minería informal e ilegal es un cáncer que afecta a nuestro país y al mundo, pero hay que ser bastante iluso como para pensar que obstruyendo a los formales, los informales van a bajarle al caos. Es bastante obvio que el tratado no perseguía, por ninguna parte, proteger la amazonía, sino un sencillo capricho ideológico.
Aprobar Escazú habría sido, por más que no le guste a sus defensores, igual que darle una muleta a un ciego y esperar que vea mejor.