En una coyuntura donde se viene debatiendo la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Diario El Gobierno conversó en exclusiva con Ernesto Álvarez Miranda, expresidente de la institución en cuestión durante los años 2007 y 2014, quien además es el actual decano de la facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). El extribuno nos explicó que será esencial que, en la elección de los nuevos integrantes del TC, asistan mediante concurso público los candidatos que tengan experiencia, la preparación adecuada y sean capaces de asumir altos cargos públicos.
Elección de nuevos magistrados
«Se pueden elegir entre 3 a 6 magistrados. Pueden quedar los 6, o 3. Considero que no se debe categorizar a los 6 a la misma altura, ya que estos pueden ser muy buenos o, tal vez 3 puedan ejecutar un trabajo óptimo y buena representación en la magistratura», detalló.
El extitular del TC recordó el procedimiento que efectuó para ingresar al máximo intérprete de la Carta Magna en el año 2006 y aseveró que el proceso más acertado para determinar funcionarios públicos es a través de la vía ordinaria de selección. «Antes de ser elegido, participé en el concurso público. Entregué mi CV, esperé la calificación pertinente y cuando se obtuvieron puntajes altos se estableció a los nuevos magistrados. Este concurso es un mecanismo adecuado para dicha elección», comentó.
Demanda competencial y medida cautelar
Recordemos que el último 14 de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó una demanda competencial acompañada de una medida cautelar ante el TC, a fin de que el jefe de Estado no asista al Congreso de la República por el pedido de vacancia presidencial. Al respecto, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial y rechazó la medida cautelar el pasado 17 de septiembre.
Como se recuerda, finalmente, Vizcarra no fue vacado luego de que no se alcanzaran los 87 votos necesarios en el Parlamento, por lo que su mandato continuará hasta el 2021.
Sobre ello, Ernesto Alvarez explicó que se rechazó la medida cautelar porque esta se utiliza únicamente en casos de urgencia e inminencia de hechos que constituyan amenazas o menoscabo ante funciones de órgano constitucional, y destacó que la cautelar no «corre del lado al otro», ya que son hechos que justifican una medida extrema.
Además, detalló que en el ámbito constitucional eso no se apreció, debido a que la demanda competencial por menoscabo es una figura muy clara que se refiere a la situación en que un órgano institucional no cumple a cabalidad sus funciones.
«No es que estén invadiendo mis atribuciones o que otro órgano está incumpliendo las suyas, sino más bien es una figura sui géneris, es decir, que en el ejercicio de su función altera la mía. Definitivamente exige probarlo, ir al fondo del asunto antes de emitir una medida provisional. Una cautelar es una medida extraordinaria; por tanto, muy bien que no se haya admitido en la vacancia presidencial», refirió.
Nueva delimitación del TC en trámite de demanda competencial
En esta línea, Alvarez Miranda nos comentó que el TC delimitará con mayor grado de fineza lo que debe constituir la salida de emergencia para un presidente de la República, en caso de que este se vea «envuelto» en un incidente de gran magnitud, lo cual se pueda comprobar con hechos fehacientes y sumamente graves.
«Un claro ejemplo sería encontrarlo con maletas con mucho dinero y con un narcotraficante al costado. Es un hecho evidente, grave y que no admite que, por motivos de debidos procesos o presunción de inocencia, el presidente siga durante más meses alargando la situación política y urgente de manera jurídica», dijo.
Vacancia presidencial como acto de «controversia»
Ernesto adjudicó que en el Perú existe una completa desnaturalización de la política, ya sea por la confrontación entre el Ejecutivo y el congreso disuelto en 2019, el cual tenía una mayoría de Fuerza Popular. También comentó que hoy en día, el conflicto entre el presidente de la República y las nuevas bancadas del Congreso, no se establece por oposición, sino que simple y llanamente se resisten a seguir el ritmo sin obedecer al Gobierno. Refirió que legisladores sienten su rol por intuición y no por experiencia, pues intuyen que este es diferente del que le quieren marcar a Vizcarra los medios de comunicación.
«Las puertas del derecho han sido tocadas, pero como auxilio a la voluntad del jefe de Estado. Allí encontramos un gran problema, porque el derecho tiene una primera finalidad de tratar de limitar el poder del poder: gobernante, congreso, en tanto de comentarios de la soberanía popular. Además, limita el poder de propios jueces y fiscales, e incluso el poder del Estado. Sin embargo, este ‘toca las puertas’ del derecho y constitución; quiere que se les dé la razón para sus actos políticos. Esto es un despropósito», expresó.
Por último, enfatizó que la política debe tener propio ámbito y «lo jurídico, lo que le corresponde». «No se pueden mezclar ambos, y menos por motivos técnicos, académicos o de necesidad nacional. Mezclar para salvar coyunturas o imágenes de políticos ‘pasajeros’ en la historia del Perú es sumamente grave. Esperamos que en abril del próximo año escribamos una nueva historia y realmente hagamos política seria y responsable», concluyó.
Entrevista realizada por Freddy Walker
