Varias instituciones educativas se han visto obligadas a tomar medidas ante las crecientes amenazas de extorsión que reciben a diario. Estas amenazas ponen en riesgo la vida de escolares y personal de los colegios.
Medidas de prevención
El incremento en la ola de extorsión tiene como nuevo objetivo a los colegios. En distritos como Comas, Los Olivos y Ventanilla, diversas instituciones educativas han decidido suspender el inicio de clases. La medida adoptada sirve para salvaguardar la integridad y la vida de los padres de familia, trabajadores y escolares. En los Olivos, el colegio “Visionario” empleará la modalidad virtual para no exponer al alumnado a los ataques extorsivos. Además, las autoridades policiales optaron por formar un perímetro para resguardar los alrededores del establecimiento ante posibles represalias de los extorsionadores.
En Comas, la institución educativa llamada “Los Olivos College” recibió múltiples amenazas de extorsión a puertas del inicio de clases. Estas amenazas constantes forzaron al director de la escuela a tomar la decisión de realizar sesiones virtuales con la intención de reducir el riesgo que corren los alumnos.
En Ventanilla, la Institución Educativa Privada “Príncipe de Asturias”, sufrió un atentado extorsivo a las 11.40 a.m. En las cámaras de seguridad se registró que dos delincuentes abordo de una moto lineal, lanzaron un paquete a la entrada del establecimiento. Esta situación generó pánico en el lugar al descubrir que se trataba de dinamita que no había sido detonada. La institución tuvo que evacuar a todo el personal y estudiantes a una losa deportiva cercana. Posteriormente fueron redirigidos a sus domicilios. Ante este hecho, el colegio optó por suspender las clases presenciales hasta el 24 de marzo.
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Ineficiencia del estado de emergencia
Pese al decreto del estado de emergencia en Lima y Callao por la presidenta Dina Boluarte, la ola de crímenes no se reduce. Por otro lado, se ha visto reflejada la ineficacia por parte de las autoridades para prevenir estos crímenes.
Un claro ejemplo, son las palabras de la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Úrsula León. Ella atribuyó la responsabilidad a la migración venezolana del incremento esta serie de delitos a lo largo del país. Además, aseguró que el gobierno esta realizando una lucha directa contra las organizaciones criminales, salvaguardando la integridad de los ciudadanos peruanos.
Por otro lado, Roberto de la Tore, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima criticó las medidas optadas por el gobierno. Él declaró: «Basta de estados de emergencia sin una estrategia integral detrás de la misma. No podemos seguir aplicando medidas temporales e insuficientes mientras el crimen organizado sigue expandiéndose con impunidad.
Esta postura es la que han tomado muchos peruanos al notar que la medida optada por el gobierno es totalmente ineficaz. Debido a que, la ola de asesinatos sigue en aumento, y ven reflejada la falta de planificación y estrategias adecuadas.
“Esta medida es inútil, seguimos llevando a nuestros hijos con miedo a los colegios, uno ya no sabe si van a volver sanos y salvos a casa”, declaró Jorge Loarte, padre de familia del Innova Schools.
Principales afectados
Entre los principales afectados se encuentran los escolares, quienes se ven obligados s volver a la virtualidad, lo que perjudica su avance en la educación. Además, es importante recalcar que no todos cuentan con los medios necesarios para realizar sesiones virtuales desde sus hogares. Esto termina por perjudicar a los estudiantes y posteriormente el futuro del país.
Los docentes, también corren un gran riesgo de perder la vida al trabajar en instituciones educativas que sufren extorsiones o amenazas. Además, su metodología de trabajo, se ve totalmente afectada al tener que adaptar todas sus clases a una modalidad remota.
Los padres de familia, son afectados a nivel psicológico, ya que, no pueden dejar a sus hijos sin el temor de que sean víctimas de los extorsionadores. Esto también obliga a muchos a tomar medidas como retirar a sus hijos de las instituciones educativas hasta que cese la ola de violencia.
