El Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictar 36 meses de prisión preventiva. La decisión se tomó porque Boluarte Zegarra no asistió, ni en persona ni de forma virtual, a la audiencia del 18 de noviembre.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, concluyó que Nicanor Boluarte no demostró tener arraigo domiciliario ni laboral, lo cual pone en peligro el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. La resolución judicial señala que esta ausencia de arraigo influyó en la decisión de imponer la prisión preventiva.
El abogado de Boluarte hermano, Luis Vivanco, informó al juez que no logró localizar ni comunicarse con su cliente, lo que agravó aún más su situación legal. Frente a este escenario, se pidió emitir una notificación a nivel nacional e internacional, incluyendo a Interpol, para facilitar su captura.
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Ante este panorama, la presidenta de la República ha evitado pronunciarse al respecto al igual que su gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén. Por otro lado, diversos parlamentarios de bancadas opositoras a Boluarte han referido sentirse satisfechos con la medida preventiva en el marco de un supuesto hecho ilícito ocurrido en las paredes del Gobierno.
La Fiscalía afirma que el hermano de la presidenta habría encabezado esta organización criminal de facto. Lo que supone haberse aprovechado de su influencia vinculada a la presidencia para colocar a personas cercanas en puestos estratégicos. Según las investigaciones, el objetivo sería fortalecer políticamente al partido ‘Ciudadanos por el Perú’ mediante aportes económicos y fichas de afiliación, además de obtener beneficios económicos a través de contrataciones en instituciones estatales.
