Hace casi dos siglos desapareció la Santa Inquisición, acusada de torturar, colgar y quemar personas por haber cometido herejía o brujería. De cualquier modo, si existía una acusación o algunos indicios al respecto, las autoridades no tenían mejor reprenda que, sin pensarlo 2 veces, mandar a los procesados directamente a la hoguera. En aquella época, como bien sabemos, la intolerancia y la poca comprensión de la realidad dio lugar a homicidios con base en acusaciones infundadas y conjeturas. ¿Hereje? A la parrilla.
Si no fuera por la historia, creeríamos que esta no se habría desvanecido. Sin embargo, el Congreso se ha propuesto no solo reanimarla, sino emprender una práctica aún peor: una cacería de brujas. Tomar viejas costumbres parece tradición en nuestro Parlamento. Así, nuestro curioso criadero de inquisidores decidió, encabezado por el congresista José Luna de Podemos Perú, impulsar la restauración de la bula papal del otrora pontífice Inocencio VIII.
La moción de investigación de reguladores (la summis desiderantes contemporánea) permitirá que el Congreso investigue, fiscalice y sancione a INDECOPI, OSITRAN, OSIPTEL, SUNASS y SUSALUD. El fundamento -muy parecido a una acusación por blasfemia- es que no están protegiendo al consumidor. Ello sería cierto de no ser porque esa no es su función, pero bueno, de alguna forma hay que presionar a los «presionadores». ¿Y qué mejor manera de hacerlo, que poniéndolos en la hoguera?
Una vez más, la tan colorida práctica inquisitorial es encarnada por nuestros ilustres padres de la patria. La oferta -que más parece extorsión- a los investigados es única: tu cabeza o la de ellos. Para salvar su pellejo -y evitar una excomunión- la cacería de brujas se desatará. En cualquier caso, hay que quemar a alguien: estamos en temporada de caza. El problema es que, en este caso, todos somos brujas. Y nos están bañando en gasolina.
